En pleno mes de abril de 2025, el Gobierno español ha dado un paso firme hacia el control del mercado de criptoactivos. A través de la CNMV y en coordinación con el Banco de España, se han adelantado a la implementación del reglamento MiCA europeo, introduciendo nuevas obligaciones para empresas, plataformas y usuarios.
Con esta medida, España busca colocarse en la primera línea regulatoria de Europa, dejando claro que la actividad con criptomonedas no puede permanecer al margen del sistema financiero tradicional ni de Hacienda.
La normativa MiCA entra en escena (antes de tiempo)
Aunque la normativa MiCA de la UE entra oficialmente en vigor a finales de 2025, España ha querido anticiparse con una transposición parcial de sus disposiciones. Esto significa que, desde ya, cualquier empresa que ofrezca servicios relacionados con criptomonedas en el país debe estar registrada y autorizada, o al menos iniciar el proceso para hacerlo antes del 30 de diciembre.
La CNMV será el órgano competente para la mayoría de los criptoactivos, mientras que el Banco de España asumirá las competencias sobre las stablecoins.
Desde el regulador insisten: operar sin estar registrado implicará sanciones importantes y puede derivar en el cierre de plataformas, aunque sean extranjeras.
Hacienda no se queda atrás: nuevos modelos y obligaciones
La Agencia Tributaria ha actualizado su batería de formularios. A los modelos tradicionales se suma ahora el modelo 721, que obliga a declarar la posesión de criptoactivos custodiados en el extranjero por valor superior a 50.000 euros. Es una medida heredada del marco fiscal de bienes en el extranjero (modelo 720), pero adaptada al mundo digital.
Por otro lado, el modelo 172 exige a las plataformas con sede en España informar de saldos y movimientos de sus clientes. Esto convierte a los exchanges en una suerte de “intermediarios fiscales”, parecidos a los bancos.
En resumen: tanto los inversores como las plataformas deben estar preparados para informar. Y no hacerlo puede conllevar importantes sanciones económicas.
Una carrera regulatoria con tintes europeos
Mientras en países como Alemania o Francia algunas entidades aún esperan directrices claras, España ha movido ficha con rapidez. Eso ha hecho que varias plataformas internacionales —sobre todo de Malta y Chipre— se hayan adelantado a las locales en el proceso de registro.
A día de hoy, casos como el de Bit2Me, el mayor exchange español, ilustran las dificultades a las que se enfrentan las empresas nacionales para adaptarse a esta nueva realidad. Desde el sector se reclama agilidad administrativa y mayor acompañamiento desde los organismos públicos.
¿Y qué pasa con los usuarios?
Para el usuario medio de criptomonedas, estas medidas suponen un mayor nivel de seguridad, pero también más burocracia. Tener un wallet o una cuenta en Binance o Kraken ya no es un asunto 100% privado.
Ahora será necesario prestar atención a la fiscalidad, conservar justificantes de operaciones y declarar adecuadamente los beneficios obtenidos en el IRPF.
La recomendación de los expertos es clara: mantenerse informado y, si hace falta, consultar con un asesor fiscal especializado en cripto.
Un cambio de etapa
Lo que está ocurriendo en España este año no es anecdótico: marca un antes y un después. Se acabó el limbo legal para el ecosistema cripto. Lo que viene es un marco más claro, pero también más exigente, donde operar al margen de la ley ya no será una opción.
La regulación avanza, y con ella, la profesionalización del sector.